Entre 2000 y 2022, América Latina y el Caribe experimentaron 1.534 desastres, que afectaron a 190 millones de personas y provocaron importantes disrupciones económicas y sociales. Con pérdidas anuales estimadas en 58 mil millones de dólares, el panorama de riesgos de la región subraya la necesidad urgente de pasar de respuestas reactivas a estrategias proactivas de reducción del riesgo de desastres (RRD). A pesar del creciente reconocimiento de la importancia de la RRD, las asignaciones presupuestarias nacionales siguen siendo mínimas—menos del 2,5% anual—y fuertemente desequilibradas, destinándose alrededor del 80% a la respuesta. La cooperación internacional para la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático también representa solo una pequeña proporción de la asistencia oficial para el desarrollo recibida en la región, aproximadamente un 6% de los flujos financieros totales. El financiamiento disponible, principalmente de carácter reactivo, resulta insuficiente para superar las vulnerabilidades persistentes y las elevadas pérdidas económicas asociadas a los desastres, lo que pone de relieve la necesidad de tomar decisiones más eficaces e informadas por el riesgo.
